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Paula Medina

Directora técnica de FI Group

En el contexto actual de reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario -cuyo objetivo es lograr una mejor coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad-, hay que traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, desestimatoria del Recurso de Casación en Interés de Ley, planteado por la Administración.

     En ella se concluye que no es posible calificar catastralmente como urbanos los terrenos que, aunque son urbanizables e incluso están sectorizados, no tienen un instrumento de planeamiento aprobado; y que en consecuencia, a efectos catastrales, estos terrenos siguen teniendo la consideración de suelos de naturaleza rústica y deben valorarse como tales y, por supuesto, con un valor catastral muy inferior al de los bienes inmuebles urbanos. 

Nos referimos a los terrenos conocidos como bolsas de suelo, que reserva el Plan General y que, solamente en caso de aprobarse a posteriori una figura urbanística que lo desarrolle y permita su urbanización, podrán considerarse como suelos urbanos propiamente dichos a nivel catastral.

     La sentencia marca un hito en el proceder catastral. Lejos de conllevar una rectificación de los errores para este tipo de suelos mal calificados catastralmente -y sin que se proceda de oficio a la devolución de lo abonado a mayores por sus titulares catastrales-, se ve abocado a un cambio en la normativa catastral con el fin de garantizar una adecuada valoración de los bienes inmuebles que estén clasificados urbanísticamente como suelos urbanizables y deban seguir siendo rústicos a efectos de valoración catastral.

Pero, ¿cómo ha decidido actuar Catastro en función de esta sentencia en relación a los suelos que, valorados actualmente como urbanos, tienen en realidad la consideración de rústicos? La forma más práctica que tiene para restaurar esta situación es mediante modificaciones en su propia ley y creando nuevos procedimientos que se lo permita. Por ello, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, ha introducido durante su tramitación parlamentaria nuevas modificaciones que se ajustan a la sentencia.

     Además de los procedimientos concretos para regularizar esta situación derivada de la sentencia, y cuyos efectos se verán en el recibo del IBI del año que viene, entre las modificaciones incorporadas a la ley destaca la creación de una ponencia parcial de ámbito nacional para determinadas construcciones -campos de golf, camping y puertos no comerciales, entre otras-, que son consideradas como singulares porque a día de hoy no disponen de una normativa de valoración catastral específica, que sólo se determinaba por la ponencia total del municipio afecto.

     Lo que no refleja esta reforma de la ley es cómo se hará, desde la Dirección General de Catastro, la adaptación de lo recogido en las ponencias totales vigentes a esta nueva ponencia parcial. Pero sí que se establece la publicación de estas ponencias en la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro -que no tiene la consideración de un boletín oficial, con lo que ello podría conllevar el incumplimiento de los plazos de tramitación de las correspondientes ponencias-, en sustitución de la hasta ahora necesaria publicación de su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, del Estado.

     Lo que pretende el Gobierno con esta reforma conjunta de la Ley Hipotecaria y de la  Ley del Catastro es dar un impulso para mejorar los medios y poder actualizar la cartografía y la base de datos catastral.

     Ello permitirá a la Administración que los valores catastrales de los distintos inmuebles se obtengan de una manera más  simultánea y eficiente, de acuerdo con los cambios que vayan sufriendo con las aprobaciones de las diversas figuras urbanísticas que les afecten. A su vez, los administrados dispondrán de la información más actualizada posible, lo que permitirá también a notarios y registradores de la propiedad disponer de dicha información renovada para escrituras y registros.

     El fin de estas actualizaciones es disponer de la información más fehaciente posible para la exacción de los tributos. Muchos de estos dependen directamente del valor catastral -Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Plusvalía Municipal-; en muchos otros, el valor catastral supone un método de comprobación -en el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en caso de haber declarado algún tipo de plusvalía-.

     Al igual que en las modificaciones derivadas de la actual crisis inmobiliaria, que por primera vez en su historia conllevaron la aprobación de ponencias totales a la baja o de coeficientes de actualización del valor catastral por municipios, tanto al alza como a la baja -o incluso la creación del nuevo procedimiento de Regularización Catastral para dar de alta todas las construcciones no declaradas-, veremos cómo se desarrollarán los nuevos procedimientos de esta reforma conjunta, ya que la previsión de entrada en vigor es el 1 de noviembre de 2015, a excepción de las modificaciones en la normativa catastral que será al día siguiente de su publicación en el BOE.

     A falta de su publicación en el BOE, deberemos ser precavidos y tener nuestras propiedades lo más actualizadas y optimizadas posible ante las dependencias catastrales -porque de aquí deriva nuestra responsabilidad tributaria, principalmente en el IBI-, para que estos cambios nos afecten lo menos posible.